México-Linea Base para el monitoreo de flujos y presencia de personas migrantes en la frontera sur #3 (Julio, 2021)

A principios del mes de julio se llevó a cabo una audiencia pública con diversas organizaciones de la sociedad civil promotoras y defensoras de los derechos humanos de las personas en contexto de movilidad humana, el Estado Mexicano y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Las principales preocupaciones de la sociedad civil fueron que el Gobierno mexicano le ha dado prioridad a la presencia militar en las fronteras por medio del despliegue de elementos de la Guardia Nacional y la asignación de perfiles militares en entidades del INM.

De igual forma, denunciaron el enfoque de seguridad tomado por el Gobierno mexicano para atender el fenómeno migratorio. Otra situación que visibilizaron fue la violación al principio de no devolución, ya que México ha promovido los “pushbacks” o devoluciones en caliente. Estas prácticas no garantizan el derecho a solicitar la condición de refugiado en México[1].

Por su parte, el Gobierno mexicano argumentó que ha trabajado en un Plan del fortalecimiento para la atención de las personas refugiadas que ingresan por frontera sur con el apoyo del ACNUR y también ha capacitado a funcionarios en materia de derechos humanos de las personas migrantes. También reconoció que las capacidades administrativas de las instituciones se han visto rebasadas, pero argumentó que se está trabajando en colaboración con diversos organismos internacionales como la OIM y ACNUR.

Por último, los casos de COVID-19 han aumentado en México. Diversas instituciones gubernamentales como la Procuraduría Estatal de Protección de la Familia y de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (PROFADE) y la Comisión Mexicana de Ayuda a refugiados (COMAR) se vieron afectadas en el mes de julio por la crisis sanitaria.